Guerra jurídica en el mar: el intento de Pekín de reescribir las reglas en el mar de China Meridional

Un nuevo frente en la disputa del mar de China Meridional

China ha abierto una nueva línea de acción en el mar de China Meridional. A los bloqueos de la guardia costera, los enjambres de milicias marítimas y el hostigamiento aéreo, Pekín suma ahora esfuerzos para reformular el panorama jurídico, presentando a Filipinas como un país que infringe las reglas y a sí misma como garante del orden. Esta técnica, conocida a menudo como guerra jurídica, utiliza argumentos legales y leyes nacionales no solo para defender políticas, sino también para crear una apariencia de legitimidad en torno a acciones que otros Estados consideran coercitivas o ilegales según el derecho internacional.

El último foco de tensión gira en torno a los esfuerzos de Manila por codificar sus derechos marítimos en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). En noviembre de 2024, Filipinas promulgó la Ley de Zonas Marítimas (MZA) y la Ley de Rutas Marítimas Archipelágicas (ASLA). La primera define las zonas marítimas de conformidad con la CONVEMAR, y la segunda establece el proceso para designar rutas para buques y aeronaves extranjeros a través de las aguas archipelágicas filipinas. Manila también incorporó al derecho interno el resultado del arbitraje de 2016 contra China. Pekín respondió con ofensivas jurídicas: declaró líneas de base rectas alrededor del arrecife Scarborough y multiplicó sus afirmaciones de que las medidas filipinas infringen el derecho internacional. En el mar y en el aire, las fuerzas chinas insistieron en ese argumento con patrullas más frecuentes, interceptaciones más agresivas e incidentes con riesgo de colisión.

Por qué Pekín está reformulando el relato

El relato de Pekín presenta a Filipinas como una provocadora cuyas nuevas leyes y patrullas desestabilizan la región. Calificar de ilegales las acciones de Manila sirve a varios objetivos. Busca desacreditar a Filipinas dentro y fuera del país, desgastarla mediante disputas legales y justificar una aplicación más estricta de las normas por parte de China, alegando que existe una base jurídica. La estrategia no depende de ganar sentencias judiciales. Consiste en dejar constancia de sus reclamaciones y luego imponer una «nueva normalidad» en el mar mientras otros dudan en intensificar la respuesta.

¿Qué significa la guerra jurídica en esta disputa marítima?

En las disputas marítimas, la guerra jurídica se refiere al uso, y a veces al uso indebido, de instrumentos legales para promover objetivos estratégicos que de otro modo podrían requerir fuerza militar. Puede incluir leyes nacionales que reclaman una jurisdicción mucho más amplia de la que otros aceptan, argumentos jurídicos públicos destinados a influir en la percepción y presentaciones ante organismos internacionales para cuestionar las reclamaciones de rivales. En el mar de China Meridional, esta táctica está entrelazada con las operaciones cotidianas. Los buques de la guardia costera citan la legislación china cuando bloquean misiones de reabastecimiento. Las embarcaciones de las milicias marítimas se presentan como barcos pesqueros civiles, aunque actúan coordinadamente con operaciones de control. Los comunicados de prensa y las notas diplomáticas presentan a los rivales como infractores de la ley, mientras se recurre a la fuerza para cambiar la situación sobre el terreno.

Para muchos gobiernos, la principal referencia es la CONVEMAR, que establece las reglas para los mares territoriales, las zonas económicas exclusivas (ZEE), las plataformas continentales y los derechos de tránsito. Pekín es parte de la CONVEMAR, al igual que Manila. La disputa surge de interpretaciones muy distintas de disposiciones clave, así como de las reclamaciones de China basadas en derechos históricos, que el tribunal arbitral de 2016 determinó que no tienen fundamento en la convención dentro de la ZEE de otro Estado.

Las nuevas leyes marítimas de Manila y su importancia

La MZA y la ASLA de Filipinas son centrales en esta nueva fase de fricción jurídica y operativa. Su objetivo es aclarar los derechos y deberes previstos en la CONVEMAR y ajustar las prácticas nacionales a un cuerpo jurídico que muchos Estados consideran la base del orden marítimo.

Qué establece la Ley de Zonas Marítimas

La MZA establece las zonas marítimas de Filipinas, incluidos el mar territorial, la zona contigua, la ZEE y la plataforma continental, de acuerdo con las definiciones de la CONVEMAR. Al incluirlo en una ley, Manila aclara que reclama una ZEE que se extiende hasta 200 millas náuticas desde las líneas de base, sujeta a delimitación con los países vecinos cuando las zonas se superponen. La ley también incorpora las conclusiones del arbitraje de 2016, entre ellas que ciertos accidentes geográficos del mar de China Meridional son rocas o elevaciones que quedan al descubierto durante la marea baja y no tienen derecho a generar una ZEE propia, y que las reclamaciones de derechos históricos no pueden prevalecer sobre la ZEE de otro Estado según la CONVEMAR.

Qué pone en marcha la Ley de Rutas Marítimas Archipelágicas

La ASLA establece el marco para designar rutas marítimas archipelágicas. Según la CONVEMAR, los Estados archipelágicos pueden exigir que los buques y aeronaves extranjeros utilicen rutas específicas al transitar por sus aguas, siempre que se garantice un paso seguro y continuo. Para Filipinas, los detalles son importantes. Las rutas y sus condiciones influyen en dónde pueden navegar los buques militares y de la guardia costera extranjeros, qué tan cerca pasan de zonas sensibles y cómo puede Manila aplicar las normas de seguridad y ambientales. El comportamiento reciente de Pekín sugiere que quiere influir en esas decisiones normalizando la presencia y las rutas de buques chinos cerca de Luzón y en aguas archipelágicas filipinas.

Las contramedidas de Pekín: de las líneas de base a una reserva natural

A las pocas semanas de la aprobación de las nuevas leyes de Manila, China declaró líneas de base rectas alrededor del arrecife Scarborough. Las líneas de base rectas se utilizan en situaciones limitadas, por ejemplo, en costas muy recortadas o bordeadas por islas. Aplicarlas a un accidente geográfico marítimo aislado y luego reclamar como aguas interiores las que quedan dentro de ellas se considera ampliamente incompatible con la CONVEMAR. El tribunal de 2016 clasificó Scarborough como una roca sin derecho a una ZEE propia y determinó que se encuentra dentro de la ZEE de Filipinas, con acceso a la pesca tradicional para los pescadores de ambos países.

El arrecife Scarborough y la maniobra de las líneas de base rectas

La declaración de líneas de base rectas alrededor de Scarborough no alteró el estatus jurídico reconocido por la mayoría de los Estados, pero sí dio a Pekín un argumento para justificar controles más estrictos y oponerse a las patrullas filipinas. China afirmó que los movimientos filipinos infringían la legislación china y que eran necesarias medidas de control. Manila, respaldada por muchos gobiernos, rechazó esas afirmaciones por carecer de fundamento en la CONVEMAR.

La nueva reserva natural y el pretexto de la conservación

En septiembre de 2025, las autoridades chinas anunciaron planes para crear una reserva natural en el arrecife Scarborough, que abarcaría miles de hectáreas de arrecifes de coral y estaría situada cerca de la entrada de la laguna. El lenguaje de conservación presentó la medida como una iniciativa de protección ambiental. Funcionarios filipinos la calificaron de intento de afianzar el control administrativo dentro de su ZEE y expulsar a los pescadores filipinos.

Eduardo Año, asesor de Seguridad Nacional de Filipinas, condenó el plan y acusó a China de utilizar la conservación como cobertura para una ocupación. Dijo que la medida era ilegal y advirtió que Manila no la aceptaría.

Eduardo Año, asesor de Seguridad Nacional de Filipinas, dijo que el plan de China para crear una reserva en Scarborough es «manifiestamente ilegal» y lo calificó de pretexto que allana el camino para una eventual ocupación.

En el Departamento de Asuntos Exteriores, el subsecretario Marshall Louis Alferez reiteró que Manila tiene autoridad para gestionar la protección ambiental en sus aguas.

Marshall Louis Alferez, alto funcionario de Asuntos Exteriores para asuntos marítimos y oceánicos, dijo que Scarborough es parte integral del territorio filipino y que solo Filipinas puede establecer allí zonas protegidas.

Expertos regionales describen la reserva como un caso clásico de guerra jurídica. Crea normas y señalización nacionales, y luego obliga a los demás a elegir entre aceptar la situación o confrontarla. Un analista dijo que el objetivo es consolidar hechos sobre el terreno mediante el control administrativo, mientras se sostiene que las medidas son legales y defensivas.

Presión en el mar y en el aire: tácticas que bordean las normas de seguridad

Las operaciones de control chinas se han vuelto más peligrosas en torno a zonas filipinas, especialmente en el banco Second Thomas, el banco Sabina y el arrecife Scarborough. Buques filipinos han denunciado colisiones, aproximaciones agresivas y repetidos disparos de cañones de agua. En un caso de 2024 cerca del banco Sabina, un buque de la guardia costera filipina y una embarcación china chocaron durante lo que Manila describió como una misión rutinaria. A principios de 2025, buques chinos cruzaron por delante de la proa de una embarcación filipina, dispararon cañones de agua y golpearon de costado un barco filipino de investigación. En otro incidente, dos buques chinos chocaron entre sí cuando intentaban bloquear un barco filipino, una muestra de la intensidad y la confusión de las maniobras a corta distancia.

Estas actividades implican la Convención sobre el Reglamento Internacional para Prevenir los Abordajes, de 1972 (COLREG), que ambos gobiernos aceptan. El tribunal arbitral que examinó el caso de Filipinas contra China subrayó que la COLREG, un código de seguridad de aplicación mundial, debe prevalecer sobre las exigencias de control cuando existe riesgo de colisión entre buques. Los informes de las islas Spratly y Scarborough indican un patrón contrario a la COLREG, en el que las aproximaciones a corta distancia, los cruces peligrosos por delante de la proa y el uso de cañones de agua elevan el riesgo de colisión.

Las fuerzas chinas también han presionado a aeronaves filipinas. Funcionarios filipinos describieron cómo un helicóptero militar se mantuvo a unos tres metros de un avión pesquero cerca de Scarborough e ignoró las llamadas por radio. También denunciaron otros casos en los que aeronaves chinas siguieron u hostigaron patrullas filipinas sobre las islas Spratly. Estas acciones contravienen normas básicas de seguridad aérea y las directrices de la Organización de Aviación Civil Internacional.

Pekín justifica muchas de estas acciones como medidas legales de control en aguas que considera bajo jurisdicción china. Un portavoz de la guardia costera repitió ese mensaje tras los enfrentamientos cerca del banco Sabina.

Geng Yu, portavoz de la Guardia Costera de China, dijo que una embarcación filipina «entró ilegalmente» en aguas de un arrecife del mar de China Meridional y que unidades chinas «adoptaron medidas de control... de conformidad con la ley».

Funcionarios filipinos responden que los buques y aeronaves chinos operan en zonas donde Manila tiene derechos soberanos según la CONVEMAR y que las acciones de Pekín buscan intimidar. Un alto funcionario de la guardia costera filipina dijo que un reciente disparo de un cañón de agua causó graves daños a un barco pesquero y que los fragmentos de vidrio hirieron a un tripulante. Analistas advierten que los constantes enfrentamientos, sumados a una presencia más intensa frente a Luzón, buscan normalizar las rutas de tránsito chinas. Funcionarios filipinos de Defensa describen un patrón de buques chinos que «merodean con intención» por rutas que más adelante podrían proponerse como rutas marítimas oficiales según la legislación filipina.

Por qué importan las rutas marítimas archipelágicas y el merodeo deliberado

Las rutas marítimas archipelágicas son un régimen específico de la CONVEMAR que permite a un Estado archipelágico encauzar el tránsito extranjero por rutas designadas. Los buques y aeronaves que las utilizan tienen derecho a un paso continuo y rápido, similar al paso en tránsito por estrechos utilizados para la navegación internacional. El Estado puede establecer dispositivos de separación del tráfico y normas de seguridad, pero no puede restringir el tránsito por motivos políticos ni exigir autorización previa.

Para Manila, el desafío es trazar rutas que tengan en cuenta tanto la seguridad como la protección. Para Pekín, establecer rutas habituales por aguas filipinas deja constancia de un patrón que puede citarse cuando Manila formalice sus rutas. Una presencia constante frente a Zambales, incursiones más profundas en aguas filipinas y rutas paralelas que coincidan con posibles designaciones tienen un propósito. Si China puede afirmar que esas rutas son habituales y muy utilizadas, puede argumentar que deben incluirse y que deben fijarse condiciones favorables para las operaciones chinas.

El arrecife Scarborough ocupa una posición estratégica dentro de la ZEE filipina, cerca de importantes rutas marítimas y de Luzón. La combinación de medidas jurídicas, como las líneas de base y una reserva natural, con patrullas persistentes y vuelos de aeronaves ofrece a China herramientas para afianzar el control. Cada paso se presenta como una medida legal de administración o seguridad, aunque otros Estados rechacen su fundamento jurídico.

El panorama jurídico después de 2016 y el debate sobre la línea de nueve trazos

El laudo arbitral de 2016 en el caso presentado por Filipinas es definitivo según los procedimientos de la CONVEMAR. Determinó que los derechos históricos que China reclama dentro de la línea de nueve trazos no tienen efecto jurídico dentro de la ZEE de otro Estado. También concluyó que ninguno de los accidentes geográficos de las islas Spratly puede generar una ZEE y que el arrecife Scarborough es una roca que no puede generar una ZEE propia. El tribunal concluyó que China había interferido en la pesca tradicional en Scarborough e impedido ilegalmente la exploración de hidrocarburos por parte de Filipinas.

China rechazó el laudo y siguió defendiendo sus reclamaciones, mientras muchos Estados citaron el fallo para definir sus posturas. Desde 2019, una serie de notas diplomáticas ha expuesto posiciones jurídicas, un proceso que algunos llaman una batalla de notas. Esto ha aclarado las posturas de los gobiernos sobre las zonas marítimas, los derechos históricos y el estatus de los accidentes geográficos. No ha resuelto la soberanía sobre las rocas y los arrecifes, cuestión que el tribunal no abordó, pero sí ha delimitado mejor las líneas de la disputa.

Las operaciones de libertad de navegación de Estados Unidos y los tránsitos de sus socios subrayan el apoyo a los derechos de navegación. Se debate hasta qué punto estas operaciones cambian el comportamiento, pero mantienen la atención en los asuntos jurídicos. Expertos europeos sostienen que los países del sudeste asiático que presentan reclamaciones deben seguir ajustándolas a la CONVEMAR y defenderlas mediante el derecho y la diplomacia. También instan a Estados Unidos a ratificar la CONVEMAR para reforzar su posición.

Cómo China está cambiando las reglas con sus leyes sobre la guardia costera

El derecho interno es un elemento central de la estrategia de Pekín. La Ley de la Guardia Costera de China de 2021 incluye disposiciones que permiten el uso de la fuerza contra buques gubernamentales extranjeros en aguas que China considera bajo su jurisdicción. La ley también autoriza a la guardia costera a tomar medidas de control en zonas ambiguas, una postura que muchos Estados rechazan porque se aplica mucho más allá de las áreas reconocidas según la CONVEMAR.

En junio de 2024, China emitió nuevos procedimientos administrativos de control para los organismos de la guardia costera, conocidos a menudo como Orden número 3. La normativa permite a los comandantes detener buques y personal extranjeros durante 30 días, o 60 días en casos complejos, si se encuentran en aguas que China define como bajo su jurisdicción. Esa jurisdicción no está claramente definida. Desde la perspectiva de Manila, el riesgo es que sus militares, científicos o pescadores puedan ser detenidos dentro de la ZEE filipina sobre la base de una interpretación unilateral china de la ley. Tras la entrada en vigor de la nueva normativa, la Guardia Costera de China asumió un papel más directo en torno a Second Thomas y Sabina y desplazó a las milicias marítimas en algunas operaciones. Esto reduce la ambigüedad sobre quién es responsable, pero aumenta el riesgo de enfrentamientos entre buques estatales.

Estas herramientas jurídicas se utilizan junto con mensajes estratégicos y medidas administrativas como el plan para la reserva de Scarborough. En conjunto, conforman una estrategia destinada a mostrar capacidad de gobierno y presionar a otros para que acepten reglas redactadas en Pekín.

¿Qué pueden hacer Filipinas y sus socios para contrarrestar la guerra jurídica?

Manila dispone de varias vías para responder sin provocar una escalada militar. En primer lugar, puede seguir ajustando su legislación nacional a la CONVEMAR, publicar reglamentos detallados para las rutas marítimas archipelágicas y documentar cada acción china que entre en conflicto con la convención. Los registros detallados de incidentes, incluidos los datos de radar, las comunicaciones por radio y los videos, ayudan a demostrar patrones que infringen la COLREG y las normas de seguridad aérea.

En segundo lugar, Manila puede mantener una política de transparencia. Dar a conocer los incidentes y los argumentos jurídicos debilita los intentos de presentar las operaciones de control como una gestión rutinaria. Las instituciones filipinas han intensificado la difusión de imágenes de los encuentros y la presentación de protestas diplomáticas.

En tercer lugar, los socios pueden reforzar el derecho internacional. Esto incluye apoyar las operaciones legales de las instituciones filipinas dentro de la ZEE, realizar operaciones de presencia que reafirmen los derechos de navegación y coordinar protestas diplomáticas que citen disposiciones específicas de la CONVEMAR. Llevar las disputas ante organismos internacionales, cuando sea posible, mantiene la atención en el derecho, aunque su aplicación sea difícil.

En cuarto lugar, los Estados afines de Asia y Europa pueden mantener la presión por vías jurídicas y diplomáticas. Seguir enviando notas a las Naciones Unidas para rechazar las amplias reclamaciones de derechos históricos y aclarar las reclamaciones marítimas ayuda a reforzar el marco jurídico. La asistencia técnica a las guardias costeras y las instituciones pesqueras del sudeste asiático mejora su capacidad para documentar incidentes y aplicar procedimientos legales.

En quinto lugar, los gobiernos pueden analizar instrumentos económicos y comerciales para responder a acciones en el mar que infrinjan el derecho internacional. Medidas proporcionales, aplicadas con cuidado y vinculadas a infracciones específicas, pueden elevar el costo de las conductas ilegales. La capacitación regional en recopilación de pruebas, persecución de delitos marítimos y vigilancia ambiental también puede mejorar la rendición de cuentas.

Por último, la cooperación continua con los aliados disuade de cometer errores de cálculo. Estados Unidos ha reiterado que los ataques contra las fuerzas armadas, los buques públicos o las aeronaves de Filipinas en el Pacífico, incluido el mar de China Meridional, activarían los compromisos de defensa mutua. Japón, Australia y sus socios europeos han intensificado los contactos marítimos y el fortalecimiento de capacidades. El objetivo no es la confrontación, sino consolidar el orden jurídico para que las disputas se gestionen sin coerción.

Lo que debe saber

• China ha intensificado la guerra jurídica y utiliza reclamaciones legales, las facultades de su guardia costera establecidas en la legislación nacional y medidas administrativas para cuestionar las nuevas leyes marítimas filipinas.
• La Ley de Zonas Marítimas y la Ley de Rutas Marítimas Archipelágicas de Filipinas se ajustan a la CONVEMAR e incorporan el laudo arbitral de 2016.
• Pekín declaró líneas de base rectas alrededor del arrecife Scarborough y presentó un plan para crear una reserva natural que funcionarios filipinos consideran ilegal.
• Los incidentes en el mar y en el aire se han vuelto más peligrosos, con acciones que contravienen la COLREG y las normas básicas de seguridad aérea.
• La Ley de la Guardia Costera de China de 2021 y los procedimientos de control de 2024 amplían las opciones de detención y uso de la fuerza en zonas que otros Estados consideran aguas filipinas.
• El laudo de 2016 rechazó los derechos históricos dentro de la ZEE de otro Estado y clasificó Scarborough como una roca que no genera una ZEE propia.
• La presencia persistente cerca de Luzón y en las aguas archipelágicas parece buscar la normalización de rutas que podrían influir en la designación de rutas marítimas.
• Las medidas de respuesta incluyen ajustar la legislación a la CONVEMAR, informar de los incidentes con transparencia, coordinar la diplomacia, realizar operaciones de presencia legítimas y fortalecer las capacidades regionales.