Empresas tailandesas advierten sobre nuevas regulaciones para la industria

Una recuperación frágil se enfrenta a un impulso regulatorio

La alianza empresarial más influyente de Tailandia insta a los legisladores a reconsiderar varios proyectos de ley sobre trabajo, aire limpio y operaciones fabriles. El Comité Conjunto Permanente de Comercio, Industria y Banca, que reúne a la Cámara de Comercio de Tailandia, la Federación de Industrias de Tailandia y la Asociación de Banqueros de Tailandia, advierte que las propuestas podrían elevar los costos para los empleadores, desalentar la inversión y afectar una recuperación que sigue siendo desigual. Dos de los proyectos superaron la aprobación inicial en la Cámara de Representantes, mientras que otro aún está pendiente de revisión. Los empresarios quieren una evaluación completa del impacto regulatorio antes de cualquier votación definitiva.

La Ley de Aire Limpio busca reducir la neblina tóxica y las partículas finas PM2.5, un problema recurrente de salud pública en las regiones del norte y las zonas industriales. Los grupos industriales afirman que el proyecto corre el riesgo de superponerse con las normas vigentes, entre ellas la ley de 1992 sobre calidad ambiental, la Ley de Fábricas de 1992 y las medidas que ya aplican los organismos encargados de supervisar la calidad del aire. Les preocupan especialmente las sanciones que podrían enviar a un gerente a prisión hasta por dos años o imponer multas de hasta 50 millones de baht incluso en casos de negligencia. Algunos también sostienen que las disposiciones penales podrían no ajustarse al artículo 77 de la Constitución, que promueve un análisis cuidadoso y sanciones proporcionales.

Las preocupaciones van más allá del cumplimiento de las normas ambientales. El proyecto sobre fábricas endurecería las inspecciones y restablecería las licencias de operación por tiempo limitado, una medida que, según las empresas, volvería a generar filas, trámites e incertidumbre después de años de esfuerzos por simplificar los permisos. Los cambios propuestos a la legislación laboral, incluido un aumento anual del salario mínimo y una reducción de la jornada laboral, son otro punto de fricción. El sector privado sostiene que los salarios y las horas de trabajo deben ajustarse a las condiciones económicas, la capacidad de los empleadores y el costo de vida, en lugar de depender de un calendario rígido. El comité afirma que la competitividad de Tailandia y la confianza de los inversionistas dependen de normas previsibles y coherentes, así como de una aplicación efectiva de las leyes vigentes.

¿Qué contienen los tres proyectos de ley?

El paquete abarca normas ambientales, supervisión de fábricas y protección laboral. Cada proyecto busca elevar los estándares de salud, seguridad y bienestar de los trabajadores. Los grupos empresariales comparten esos objetivos, pero sostienen que los textos necesitan un diseño más claro, una mejor coordinación con las leyes vigentes y plazos más realistas.

La Ley de Aire Limpio

El proyecto establecería nuevos límites a las emisiones e introduciría instrumentos económicos para modificar conductas. Representantes de la industria afirman que muchos de estos instrumentos ya existen de distintas formas, incluidos los impuestos especiales sobre los combustibles y las aportaciones al Fondo de Combustibles Petrolíferos. Advierten que sumar nuevos cargos a los existentes podría elevar los costos de energía y logística. Algunos empresarios abogan por reducir las aportaciones al Fondo de Combustibles Petrolíferos durante una recuperación frágil para mantener los combustibles a precios asequibles, al tiempo que se mejoran los controles de contaminación mediante incentivos específicos.

El proyecto sobre fábricas

El endurecimiento de las inspecciones y el restablecimiento de las licencias por tiempo limitado son elementos centrales de las normas propuestas para las fábricas. La industria sostiene que volver a establecer fechas de vencimiento generaría demoras en las renovaciones y desalentaría la entrada de nuevas empresas, en especial de los fabricantes más pequeños, que tienen dificultades con los trámites. Los grupos empresariales prefieren inspecciones basadas en el riesgo, trámites digitales y una aplicación más estricta de las normas contra quienes hayan cometido infracciones comprobadas, en lugar de requisitos generales que afecten a las empresas que cumplen.

Propuestas de protección laboral

Los líderes del sector privado se han opuesto a las enmiendas laborales debatidas en los últimos meses, entre ellas la reducción de la jornada laboral estándar de 48 a 40 horas y la ampliación de las licencias. Los empleadores, especialmente las pequeñas y medianas empresas, afirman que estos cambios elevarían los costos, reducirían las horas de producción y podrían disminuir el ingreso neto de los trabajadores remunerados por hora, salvo que aumentaran las horas extra. El sector empresarial también cuestiona un aumento automático anual del salario mínimo y sostiene que los salarios deben reflejar la productividad, las condiciones locales y la capacidad de pago. Este sector apoya una mayor protección de la dignidad, el descanso adecuado y las licencias, pero quiere flexibilidad para estructurar las prestaciones.

Por qué los grupos empresariales afirman que aumentarían los costos

Cumplir normas más estrictas tiene un costo. Las reglas sobre aire limpio suelen requerir equipos de monitoreo, maquinaria renovada o combustibles menos contaminantes. El proyecto sobre fábricas podría imponer plazos administrativos y causar interrupciones cuando venzan las licencias o se intensifiquen las inspecciones. Los cambios laborales pueden elevar los costos salariales y complicar la organización de horarios en sectores que operan las 24 horas. Los grandes exportadores podrían absorber esos costos gracias a su escala o a la tecnología, mientras que los proveedores más pequeños podrían verse presionados. Cuando las cadenas de suministro trasladan los costos, los precios pueden subir a lo largo de la cadena o reducirse los márgenes, especialmente en las industrias de bajo margen.

Los líderes del sector privado quieren una evaluación del impacto regulatorio antes de las votaciones definitivas. Se trata de un análisis de costos y beneficios que modela el desempeño de una política en distintos escenarios. Una evaluación sólida compara los beneficios para la salud pública, el medio ambiente y el bienestar de los trabajadores con los costos de cumplimiento, los cambios en la productividad y la recaudación fiscal. Puede ayudar a los legisladores a decidir si deben aplicar las normas por etapas, establecer períodos de gracia o brindar apoyo para las mejoras, por ejemplo mediante créditos fiscales, asistencia técnica y préstamos en condiciones favorables para adquirir equipos menos contaminantes.

Aire limpio, PM2.5 y el debate sobre las sanciones

Tailandia afronta un grave problema de calidad del aire cada temporada seca, cuando las partículas PM2.5 aumentan durante la quema de cultivos y los períodos de calma atmosférica. Las emisiones industriales, los vehículos diésel y la neblina transfronteriza agravan el problema. Médicos y científicos ambientales vinculan las PM2.5 con un mayor riesgo de enfermedades cardíacas y pulmonares, ausencias laborales y presión sobre los hospitales. Reforzar la aplicación de las normas sobre emisiones es una prioridad de salud pública.

La disputa se centra en cómo calibrar las sanciones. Los directivos afirman que las severas sanciones del proyecto no distinguen lo suficiente entre las infracciones deliberadas y los errores involuntarios. Advierten que una multa de hasta 50 millones de baht por negligencia podría desalentar la inversión. El artículo 77 favorece leyes necesarias y proporcionales, basadas en consultas y pruebas. Varios grupos empresariales proponen multas administrativas ajustadas al tamaño de la operación y al volumen de emisiones excedentes, y reservar las sanciones penales para las infracciones intencionales o reiteradas. Ese enfoque permitiría sancionar a quienes contaminan y, al mismo tiempo, reducir la incertidumbre jurídica para las empresas que cumplen.

Licencias e inspecciones de fábricas: está en juego la facilidad para hacer negocios

Tailandia lleva años intentando simplificar los permisos para atraer nuevas inversiones. Según el grupo de presión industrial, restablecer las licencias de fábrica con fecha de vencimiento podría revertir esos avances. Las renovaciones pueden tardar meses cuando participan varios organismos. Esto alarga los plazos de los proyectos y puede retrasar las mejoras o la apertura de nuevas líneas de producción. A los gerentes les preocupan las interrupciones repentinas si se demora la documentación.

Muchos en el sector privado proponen un modelo basado en el riesgo que someta a mayor escrutinio a las plantas con antecedentes de infracciones, pero mantenga sencillo el cumplimiento rutinario para los operadores responsables. Los portales digitales de ventanilla única, las inspecciones en línea cuando sean viables y una lista de verificación unificada ahorrarían tiempo tanto a los inspectores como a las empresas. El Comité Conjunto Permanente de Comercio, Industria y Banca considera que el principal problema de Tailandia es la aplicación deficiente de las leyes vigentes, no la falta de instrumentos legales.

Normas laborales, salarios y horas de trabajo

El debate sobre la Ley de Protección Laboral se centra en cómo elevar el nivel de vida sin menoscabar la competitividad. Los empleadores advierten que una semana laboral fija de 40 horas y más días de licencia obligatoria elevarían los costos y obligarían a modificar los turnos, especialmente en la manufactura, la hotelería y la logística. Algunos afirman que reducir las horas sin aumentar la productividad podría disminuir el ingreso neto de los trabajadores remunerados por hora. Los grupos empresariales prefieren acuerdos flexibles negociados en cada empresa o sector.

El sector privado ha propuesto crear un comité conjunto con el Gobierno para revisar las leyes laborales, los métodos de cálculo del salario mínimo y la gestión de los trabajadores extranjeros, además de mejorar sus competencias. Entre las propuestas figuran un período de transición para cualquier nueva norma sobre horas de trabajo o licencias, vincular la política salarial con la capacitación y la adopción de tecnología, y ofrecer incentivos específicos para ayudar a las empresas más pequeñas a adaptarse. El ministro de Trabajo ha aceptado crear un comité conjunto para estudiar reformas y armonizar la protección de los trabajadores con la creación sostenible de empleo.

Confianza de los inversionistas y competitividad de Tailandia

Tailandia es una de las mayores economías del sudeste asiático y promueve una transición hacia industrias de mayor valor agregado. El crecimiento se ha recuperado desde la pandemia, pero sigue siendo desigual. La deuda de los hogares es elevada y el turismo no ha regresado por completo a sus máximos anteriores. Los inversionistas prestan mucha atención a la previsibilidad de las normas. Cuando las nuevas medidas se superponen con leyes existentes o su aplicación no está clara, las empresas pueden aplazar proyectos y contrataciones. Los grupos empresariales señalan que una mejor aplicación de las normas ambientales e industriales vigentes, una coordinación más clara entre organismos y permisos modernos son las vías más rápidas para mejorar el cumplimiento sin desalentar la inversión.

Los instrumentos económicos específicos también pueden apoyar a las empresas nacionales. Las autoridades decidieron recientemente cobrar un arancel aduanero del 10 por ciento a las importaciones de bajo costo que antes estaban exentas, con el fin de proteger a los pequeños y medianos productores de una avalancha de productos baratos. Esa medida muestra cómo las intervenciones precisas y limitadas pueden complementar reformas estructurales más amplias. Los líderes industriales quieren aplicar el mismo enfoque a las normas ambientales y laborales: objetivos claros, plazos por etapas y alivio para las empresas que inviertan en tecnologías menos contaminantes y en capacitación.

Una ola de normas más allá de la industria: la ley sobre el alcohol y las preocupaciones empresariales

Los recientes cambios de política fuera de las fábricas están influyendo en la percepción de la certeza regulatoria. Las enmiendas a la Ley de Control de Bebidas Alcohólicas ahora permiten multar a los consumidores que beban durante los horarios restringidos o en lugares prohibidos. Restaurantes y bares advierten que el cambio traslada la responsabilidad a los clientes y genera confusión sobre cuándo y cómo deben dejar de servir. Los operadores también están preocupados por la falta de normas secundarias que definan cómo hacer publicidad, qué se considera promoción y cómo gestionar los horarios de venta y la zonificación.

Prapawee Hemathas, secretaria general de la Asociación de Comercio de Cerveza Artesanal, dijo que el sector permanece en una situación incierta sin estas normas detalladas ni orientaciones sobre mercadotecnia. Describió la implementación de la política como incompleta.

Es decepcionante que se haya promulgado la ley principal, pero sigan pendientes las normas secundarias que debían acompañarla.

Chanon Koetcharoen, presidente de la Asociación de Restaurantes de Tailandia, sostuvo que las normas actualizadas sobre el alcohol sancionan al comensal, no solo al establecimiento, y probablemente frenarán las ventas de alimentos y bebidas.

Las nuevas normas tendrán un efecto negativo en los restaurantes porque ahora se restringe al cliente según los horarios de venta establecidos.

Taopiphop Limjittrakorn, legislador de la oposición y defensor de la liberalización de las bebidas alcohólicas, criticó el cambio y advirtió que podría disuadir a los visitantes.

La ley enmendada busca satisfacer a quienes se oponen al alcohol. La venta de alcohol debería estar permitida las 24 horas, los siete días de la semana.

El Gobierno ha señalado que está dispuesto a introducir ajustes. El primer ministro ha pedido a los organismos que consideren eliminar las restricciones de zonificación y ampliar hasta las 4 de la madrugada los horarios de servicio en todo el país. Se prevé que los cambios se introduzcan en los próximos meses. Para los grupos empresariales, la controversia sobre la ley del alcohol pone de relieve la importancia de emitir normas secundarias claras y comunicar los criterios de aplicación antes de que entren en vigor las sanciones.

Qué ocurrirá a continuación

Los legisladores aún pueden modificar los tres proyectos de ley para la industria durante la revisión en comisión y las lecturas posteriores. Una evaluación rigurosa del impacto regulatorio ayudaría a calibrar las sanciones, los plazos y los métodos de cumplimiento. El sector privado reclama una implementación por etapas, períodos de gracia para las empresas más pequeñas e incentivos para invertir en una producción menos contaminante y en la capacitación de los trabajadores. Los organismos pueden reducir duplicaciones al determinar cómo interactúan las nuevas normas con los marcos ambientales y fabriles de 1992 y mejorar el intercambio de datos.

Tailandia compite por atraer capital con países vecinos que también están endureciendo sus normas ambientales y laborales. El desafío consiste en diseñar reglas que protejan la salud y la dignidad, sin limitar las posibilidades de crecimiento e innovación. Los inversionistas buscan objetivos claros, aplicación coherente y una vía previsible para cumplir las normas. Si los textos definitivos equilibran estas metas, Tailandia podrá elevar los estándares sin perder impulso.

Puntos clave

• Los principales grupos empresariales de Tailandia instaron a los legisladores a reconsiderar tres proyectos de ley sobre aire limpio, operaciones fabriles y protección laboral.
• La industria quiere una evaluación del impacto regulatorio que sopese los beneficios para la salud pública y el bienestar de los trabajadores frente a los costos de cumplimiento.
• El proyecto de Ley de Aire Limpio recibe críticas por superponerse con leyes vigentes y establecer sanciones severas, que incluyen penas de prisión y multas de hasta 50 millones de baht.
• El proyecto sobre fábricas restablecería las licencias por tiempo limitado y endurecería las inspecciones, lo que genera preocupación por la facilidad para hacer negocios.
• Los cambios laborales en debate incluyen una semana de 40 horas, más licencias y un aumento anual del salario mínimo, medidas que, según los empleadores, podrían presionar a las pequeñas y medianas empresas.
• Dos proyectos recibieron la aprobación inicial de la Cámara de Representantes y uno está pendiente de revisión, por lo que aún pueden modificarse en la etapa de comisión.
• Por separado, una nueva ley sobre el alcohol que multa a los consumidores por beber durante los horarios restringidos ha recibido críticas de restauradores y productores de cerveza artesanal.
• El primer ministro ha pedido a los ministerios que consideren ampliar hasta las 4 de la madrugada los horarios de servicio en todo el país y aclarar las normas. Se esperan ajustes en los próximos meses.
• Las autoridades también planean aplicar un arancel aduanero del 10 por ciento a las importaciones de bajo valor para proteger a los pequeños fabricantes.
• Los empresarios sostienen que una mejor aplicación de las leyes vigentes, los permisos digitales y el apoyo específico permitirían elevar los estándares sin desalentar la inversión.