Las dificultades de Japón para exigir controles de antecedentes por conducta sexual indebida en las escuelas privadas

Los esfuerzos de Japón para prevenir la conducta sexual indebida en las escuelas: ¿se están quedando atrás las instituciones privadas?

En los últimos años, Japón ha dado pasos legislativos importantes para proteger a los niños del abuso sexual por parte del personal educativo. Sin embargo, una nueva encuesta revela una preocupante brecha en el cumplimiento de la normativa entre las escuelas privadas, lo que plantea dudas sobre la eficacia de estas medidas y la seguridad de los estudiantes en todo el país.

¿Qué exige la ley?

En mayo de 2021, Japón promulgó la Ley para prevenir la violencia sexual contra los niños por parte del personal educativo. Esta ley exige que todas las escuelas, públicas y privadas, consulten una base de datos nacional antes de contratar a docentes, para asegurarse de que no vuelvan a contratar a personas sancionadas anteriormente o a quienes se les haya retirado la licencia docente por actos indecentes. La base de datos, operativa desde el año fiscal 2023, está concebida como una salvaguarda esencial para impedir que reincidentes regresen a las aulas.

La ley también estableció procedimientos más estrictos para volver a conceder licencias docentes a quienes hayan sido sancionados por conducta sexual indebida. El objetivo es claro: impedir que personas con antecedentes de delitos sexuales vuelvan a trabajar con niños.

¿Cómo funciona la base de datos?

La base de datos incluye los nombres de antiguos docentes sancionados o a quienes se les revocó la licencia por actos indecentes. Las juntas de educación registran a las escuelas públicas, mientras que las corporaciones escolares privadas son responsables de registrarse y consultar la base de datos como parte del proceso de contratación. El sistema se inspira en el Disclosure and Barring Service (DBS) del Reino Unido, que permite a las organizaciones consultar los antecedentes penales de personas que trabajan con niños o grupos vulnerables.

Japón prevé ampliar aún más este sistema para 2026 con la puesta en marcha de una «versión japonesa del DBS», que permitirá a las empresas consultar la base de datos del Ministerio de Justicia a través de la Agencia para la Infancia y las Familias. Esto permitirá realizar controles más amplios sobre los antecedentes penales relacionados con delitos sexuales de quienes trabajan en empleos vinculados con niños, y no solo de los docentes.

Una encuesta revela un incumplimiento generalizado entre las escuelas privadas

Pese a que las exigencias legales son claras, una encuesta reciente del Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología (MEXT) reveló que el 75 % de las corporaciones escolares privadas nunca ha consultado la base de datos nacional para comprobar los antecedentes de posibles docentes. La encuesta, realizada entre mayo y agosto de 2023, se dirigió a 8.164 entidades gestoras de escuelas privadas de todo Japón y recibió respuestas de 7.258 entidades.

De quienes respondieron, 3.062 afirmaron que no se habían registrado en la base de datos, mientras que 2.418 se habían registrado, pero no la habían consultado. Esto significa que 5.480 entidades gestoras de escuelas privadas, tres cuartas partes de las encuestadas, no han accedido a la base de datos, pese a que están legalmente obligadas a hacerlo.

Muchas de las entidades encuestadas señalaron que desconocían este requisito o creían, equivocadamente, que la base de datos solo servía para verificar la validez de las licencias docentes y no para detectar antecedentes de conducta sexual indebida. Esto apunta a una importante falta de comunicación y comprensión del propósito y las exigencias de la ley.

¿Por qué es tan bajo el nivel de cumplimiento?

Expertos y funcionarios han señalado varias razones que explican el bajo nivel de cumplimiento entre las escuelas privadas:

• Falta de conocimiento: Muchas entidades gestoras de escuelas privadas desconocían que consultar la base de datos era una obligación legal.
• Malentendido sobre el propósito de la base de datos: Algunas creían que solo servía para verificar las licencias docentes, y no para consultar antecedentes disciplinarios.
• Orientación insuficiente: Los municipios, responsables de supervisar las escuelas privadas, a menudo carecen del personal y los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de las nuevas normas.

El profesor Takashi Sakata, de la Universidad Shukutoku y experto en cumplimiento normativo en las escuelas, comentó la situación. Explicó:

Los municipios carecen de personal suficiente para orientar a las escuelas privadas sobre el cumplimiento de las leyes y normas. El Gobierno nacional debería animar a las escuelas a actuar, por ejemplo, haciendo públicos los nombres de las corporaciones escolares que no consultan la base de datos.

Tras la publicación de los resultados de la encuesta, el Ministerio de Educación emitió una notificación a través de las prefecturas y las ciudades designadas, en la que instaba a las escuelas privadas a consultar la base de datos de forma exhaustiva. Está por verse la eficacia de estos recordatorios.

Escuelas públicas y privadas: dos sistemas distintos

Todas las juntas de educación pública se han registrado en la base de datos, pero el Ministerio no ha confirmado si la consultan de manera sistemática durante la contratación de todos los candidatos. Esta falta de supervisión plantea dudas sobre la uniformidad de los controles de antecedentes incluso en el sector público.

En cambio, el nivel de cumplimiento en el sector privado es aún más preocupante. Las escuelas privadas de Japón gozan de un grado considerable de autonomía y a menudo están gestionadas por corporaciones escolares que quizá no cuentan con el mismo nivel de supervisión ni con los mismos recursos que las instituciones públicas. Esta autonomía, aunque puede ser beneficiosa en algunos aspectos, puede generar deficiencias en la aplicación de importantes medidas de seguridad.

¿Por qué son importantes las escuelas privadas en Japón?

Las escuelas privadas desempeñan un papel importante en el sistema educativo japonés: ofrecen planes de estudios alternativos, enseñanza religiosa o programas especializados. A menudo se las considera prestigiosas y atraen a estudiantes de diversos orígenes. Sin embargo, su independencia también implica una supervisión gubernamental menos directa, lo que dificulta la aplicación de nuevas normas.

Incidentes recientes ponen de relieve los riesgos

La urgencia de aplicar controles de antecedentes queda de manifiesto en incidentes recientes relacionados con docentes acusados de conducta sexual indebida. En junio, la policía de la prefectura de Aichi detuvo a dos docentes de primaria de escuelas municipales de Nagoya y Yokohama, sospechosos de tomar fotografías indecentes de niñas y compartirlas en redes sociales con otros docentes. Estos casos no son aislados: en los últimos años se han producido escándalos similares en escuelas públicas y privadas.

Estos incidentes han aumentado la preocupación pública y la presión sobre las autoridades para garantizar que todas las escuelas, independientemente de su condición, hagan todo lo posible para proteger a los estudiantes.

¿Cómo se compara el enfoque de Japón con el de otros países?

La decisión de Japón de crear una base de datos nacional para realizar controles de antecedentes se inspira en el Disclosure and Barring Service (DBS) del Reino Unido. El sistema DBS británico está ampliamente considerado como un referente para proteger a niños y adultos vulnerables. Permite a los empleadores comprobar si una persona tiene antecedentes penales o tiene prohibido trabajar con niños.

Otros países, como Estados Unidos y Australia, también cuentan con sistemas sólidos de control de antecedentes en el ámbito educativo. En Estados Unidos, por ejemplo, la mayoría de los estados exige controles de antecedentes basados en huellas dactilares para los docentes, y algunos tienen sus propias bases de datos de educadores sancionados. En Australia, la verificación «Working with Children Check» es obligatoria para todas las personas que trabajan con niños, incluidos docentes, entrenadores y voluntarios.

Los esfuerzos de Japón por poner en marcha un sistema similar son un paso positivo, pero la falta de cumplimiento actual entre las escuelas privadas indica que se necesita hacer más para alcanzar el nivel de protección que existe en otros países desarrollados.

¿Qué consecuencias más amplias tiene esta situación?

El hecho de que muchas escuelas privadas no consulten la base de datos nacional tiene consecuencias importantes para la seguridad infantil y la confianza pública en el sistema educativo. Si personas con antecedentes de conducta sexual indebida pueden eludir los controles y volver a la docencia, el riesgo para los estudiantes sigue siendo inaceptablemente alto.

Además, la situación pone de relieve problemas más amplios en el enfoque de Japón para regular la educación privada. El equilibrio entre autonomía y rendición de cuentas es delicado, y quizá el sistema actual no ofrezca una supervisión suficiente para garantizar que todas las escuelas cumplan sus obligaciones legales y éticas.

¿Qué debe cambiar?

Expertos y defensores de los derechos de la infancia han pedido varias medidas para mejorar el cumplimiento y proteger a los estudiantes:

• Más información y capacitación: Las entidades gestoras de las escuelas necesitan orientaciones claras y capacitación sobre sus obligaciones legales y el propósito de la base de datos.
• Mayor supervisión: Los municipios y el Gobierno nacional deberían intensificar la supervisión y la aplicación de las normas, lo que podría incluir la publicación de los nombres de las escuelas que no las cumplen.
• Procesos más sencillos: Facilitar el acceso y el uso de la base de datos podría animar a más escuelas a cumplir la normativa.
• Aplicación más amplia: Ampliar el sistema para abarcar todos los empleos relacionados con niños, como está previsto para 2026, ayudará a cerrar las lagunas actuales.

En última instancia, garantizar la seguridad de los niños en las escuelas requiere un esfuerzo coordinado de los organismos gubernamentales, las entidades gestoras de las escuelas y la comunidad en general. Las herramientas ya existen, pero deben utilizarse de manera eficaz para cumplir su propósito.

En resumen

• La ley japonesa de 2021 exige que todas las escuelas consulten una base de datos nacional sobre docentes sancionados por conducta sexual indebida antes de contratarlos.
• Una encuesta reciente reveló que el 75 % de las entidades gestoras de escuelas privadas nunca ha consultado la base de datos, pese a la obligación legal.
• Muchas escuelas privadas alegan desconocimiento o una interpretación errónea de la ley para explicar el incumplimiento.
• Los casos recientes de conducta indebida por parte de docentes ponen de relieve la necesidad urgente de realizar controles de antecedentes eficaces.
• Expertos piden mayor supervisión, mejor capacitación y la publicación de los nombres de las escuelas que incumplen la normativa para proteger a los estudiantes.
• Japón prevé ampliar su sistema de control de antecedentes para 2026, con el objetivo de ofrecer una cobertura más amplia y mayores garantías.