Los desalojos en Timor-Leste dejan a mujeres sin hogar ni ingresos y agravan las disputas por la tierra

Cuando demoler una vivienda también significa perder el sustento

Según informes, unas 1.500 familias fueron desalojadas por la fuerza en Dili y otros municipios de Timor-Leste durante 2024 y 2025, cuando el gobierno recuperó terrenos que considera propiedad del Estado. Para las mujeres que obtenían ingresos de pequeños negocios informales, la pérdida fue más allá de quedarse sin techo: también desapareció el dinero con el que mantenían a sus familias y costeaban la educación de sus hijos.

La campaña se intensificó a comienzos de 2024, según Fundasaun Mahein, una organización de la sociedad civil timorense. En su evaluación del 5 de julio de 2024, describió cómo cientos de familias perdieron sus hogares, negocios o ingresos en unos pocos meses, al tiempo que cerraban mercados informales y se confiscaban productos de actividades comerciales que operaban sin licencia.

Noe Gaspar, gerente de programas del Instituto Mata Dalan, dijo que los desalojos habían afectado los medios de vida, la educación y la salud mental, en particular de las mujeres. Describió así la pérdida económica inmediata:

"Muchas mujeres perdieron sus fuentes de ingresos", dijo.

Gaspar señaló que, posteriormente, a las mujeres les costaba cubrir las necesidades educativas y cotidianas de sus hijos. En una de las comunidades afectadas, los residentes han permanecido allí pese a la destrucción de sus viviendas y describen como injusto e inequitativo el proceder del gobierno.

Las cifras nacionales de empleo ayudan a explicar por qué las mujeres corren riesgos particulares. Antes de la reciente campaña, el 80,4 % de las mujeres ocupadas ya trabajaba en el sector informal, frente al 75,3 % de los hombres ocupados. Las mujeres también tenían menos oportunidades de acceder a un empleo remunerado. Estas cifras no miden directamente los daños causados por los desalojos, pero muestran las desigualdades económicas en las que las familias deben intentar recuperarse.

¿Quién lleva a cabo los desalojos?

La evaluación de julio de 2024 de Fundasaun Mahein identifica un equipo conjunto encabezado por la Secretaría de Estado para Asuntos de Toponimia y Organización Urbana, conocida como SEATOU, dependiente del Ministerio de Administración Estatal. Entre las responsabilidades declaradas del ministerio figuran la higiene urbana y el orden público.

El gobierno ha justificado los desalojos alegando que las edificaciones ocupan ilegalmente terrenos estatales. La campaña se ha concentrado en Dili, aunque Fundasaun Mahein también registró informes de desalojos en el municipio de Baucau. En algunas zonas de la capital se habían emitido avisos durante varios años antes de que se intensificara su aplicación.

Quienes apoyan los desalojos han sostenido que las edificaciones no reguladas pueden obstaculizar las vías, crear condiciones peligrosas y perjudicar el orden urbano. La propia Fundasaun Mahein ha pedido medidas contra las construcciones peligrosas, la eliminación inadecuada de residuos y el bloqueo ilegal de vías públicas.

Sus objeciones se refieren a los métodos, el momento y las consecuencias de la campaña. La organización afirma que unos videos mostraban al jefe de SEATOU y a las fuerzas de seguridad intimidando y golpeando a personas que protestaban pacíficamente contra las demoliciones. Esas denuncias son independientes del argumento del gobierno sobre la propiedad de los terrenos y deben examinarse por separado.

Por tanto, la disputa central gira tanto en torno al uso de terrenos públicos como al trato que reciben quienes viven o trabajan en ellos. Demoler una estructura peligrosa no resuelve, por sí solo, dónde vivirán sus ocupantes ni cómo reemplazarán los ingresos que perdieron con ella.

Qué muestran las cifras y qué no

Las distintas cifras sobre los desalojos corresponden a periodos y unidades diferentes. La referencia a miles de personas desplazadas en Dili abarca los últimos años. La estimación posterior de unas 1.500 familias comprende 2024 y 2025 e incluye otros municipios. La cifra de cientos de familias que menciona Fundasaun Mahein se refiere a los primeros meses de la intensificación de la campaña en 2024.

Estos totales no pueden compararse directamente como si contaran a la misma población. Una familia puede estar formada por varias personas, y ninguna de estas cifras ofrece un desglose completo por municipio, sexo o tipo de pérdida. Aun así, indican que el desplazamiento fue mucho más allá de disputas aisladas por propiedades.

La secuencia de los acontecimientos es la siguiente:

• Octubre y noviembre de 2021: Una encuesta nacional sobre la fuerza laboral documentó diferencias considerables entre mujeres y hombres en el acceso al empleo.
• Antes de 2024: Se entregaron avisos de desalojo en varias zonas de Dili a lo largo de varios años.
• Comienzos de 2024: Se intensificó la campaña de desalojos, demoliciones y confiscaciones.
• 5 de julio de 2024: Fundasaun Mahein publicó sus preocupaciones sobre la aplicación de las medidas y la insuficiencia de la ayuda a las familias desplazadas.
• 2024 y 2025: Informes posteriores estimaron en unas 1.500 las familias desalojadas por la fuerza en Dili y otros municipios.

El informe posterior califica esos desalojos de ilegales y señala aparentes deficiencias en el debido proceso. Esa descripción no debe confundirse con una decisión judicial que se aplique a todos los casos. Aquí no se identifica ninguna resolución judicial individual para cada caso ni un registro consolidado del gobierno sobre los desplazamientos.

Por qué los negocios de las mujeres están especialmente expuestos

La encuesta sobre la fuerza laboral de 2021, disponible a través de la Organización Internacional del Trabajo, ofrece la base estadística más sólida para entender la vulnerabilidad económica de las mujeres. La realizó la Dirección General de Estadística en colaboración con la Secretaría de Estado para la Formación Profesional y el Empleo. Los investigadores recopilaron datos de una muestra representativa de 7.275 hogares en octubre y noviembre de 2021.

La encuesta concluyó que el 24,2 % de las mujeres de 15 años o más participaba en la fuerza laboral, frente al 36,9 % de los hombres: una diferencia de 12,7 puntos porcentuales. La participación en la fuerza laboral incluye a las personas ocupadas o desempleadas que buscan trabajo. No incluye todas las formas de trabajo, como las tareas domésticas no remuneradas.

La proporción de mujeres en edad de trabajar que efectivamente tenía un empleo era del 22,7 %, frente al 35,2 % de los hombres. Entre las personas ocupadas, solo el 31,5 % de las mujeres trabajaba como empleada, frente al 59,2 % de los hombres. Era mucho más probable que las mujeres trabajaran por cuenta propia o contribuyeran a negocios familiares.

La tabla de la encuesta muestra que el 48,0 % de las mujeres ocupadas trabajaba por cuenta propia, es decir, dirigía una actividad sin contratar a otras personas. Ese porcentaje corresponde al empleo femenino, no significa que las mujeres representaran el 48,0 % de todos los trabajadores de esa categoría. El comercio mayorista y minorista representaba el 31,9 % del empleo femenino.

Los puestos de venta y los mercados daban empleo, por sí solos, al 23,7 % de las mujeres ocupadas, frente al 10,9 % de los hombres ocupados. En conjunto, el cultivo de productos agrícolas y hortalizas y la venta en puestos y mercados representaban el 49,5 % del empleo femenino. Por ello, el cierre de mercados y la eliminación de negocios informales afectan actividades en las que las mujeres ya estaban ampliamente representadas.

Pocas alternativas seguras tras el desplazamiento

En 2021, el empleo informal abarcaba al 80,4 % de las mujeres ocupadas y al 75,3 % de los hombres ocupados, una diferencia de 5,1 puntos porcentuales. El empleo informal se refiere a trabajos que carecen de los acuerdos formales o las protecciones asociadas con un empleo regulado. No es lo mismo que la ocupación ilegal de terrenos, y la situación laboral, por sí sola, no determina si un negocio tiene permiso para usar un sitio específico.

La encuesta también registró una mayor demanda insatisfecha de empleo entre las mujeres. El desempleo femenino era del 5,9 %, frente al 4,6 % entre los hombres. La medida más amplia de subutilización de la fuerza laboral era del 33,3 % para las mujeres y del 25,8 % para los hombres, una diferencia de 7,5 puntos porcentuales. Este indicador abarca la insuficiencia de empleo de forma más amplia que el desempleo por sí solo.

Estas cifras nacionales son anteriores a la intensificación de la campaña de desalojos y no permiten determinar cuántas mujeres desplazadas quedaron desempleadas después. Sí muestran por qué puede resultar difícil reemplazar un pequeño negocio por un empleo asalariado estable. Las mujeres ya tenían menos probabilidades de acceder a ese tipo de empleo y más probabilidades de enfrentar una escasez de trabajo adecuado.

El relato de Gaspar vincula la destrucción de los negocios con los gastos familiares, la educación y la salud mental. Por tanto, el daño va más allá del valor de una estructura demolida. Perder una actividad que genera ingresos puede reducir el dinero disponible para las necesidades cotidianas justo cuando una familia tiene que encontrar otro lugar donde vivir.

Una evaluación completa tendría que distinguir entre las mujeres que perdieron su vivienda, las que perdieron sus negocios y las que perdieron ambas cosas. No se ha publicado aquí un total para esos grupos, ni una estimación de los ingresos perdidos o de los niños cuya educación se vio interrumpida.

Permisos en disputa y deficiencias en la ayuda prometida

Fundasaun Mahein dijo que algunas personas desalojadas aseguraron tener acuerdos con el Estado para alquilar terrenos y realizar actividades comerciales. Otras afirmaron que sus familias habían establecido viviendas o negocios décadas atrás, durante las administraciones indonesia o portuguesa, en algunos casos con autorización de las autoridades locales.

La organización reconoció que la falta de documentación adecuada dificultaba verificar esas afirmaciones. La distinción es importante: una ocupación prolongada no demuestra automáticamente la propiedad, mientras que la falta de documentación completa no resuelve todas las preguntas sobre permisos previos o los procedimientos seguidos durante el desalojo.

El gobierno dijo que los desalojos formaban parte de un programa en el que participaban cuatro ministerios: Administración Estatal, Solidaridad Social e Inclusión, Educación y Salud. El propósito declarado era coordinar la asistencia social y el acceso a servicios básicos para las personas afectadas.

Fundasaun Mahein afirmó que los testimonios directos indicaban que la mayoría de las personas desalojadas no recibía la ayuda prometida. Informó que decenas de familias, como mínimo, se enfrentaban a la falta de vivienda y a la pérdida de ingresos, entre ellas madres con hijos pequeños, personas mayores y personas enfermas.

Esos testimonios describen una brecha entre el programa anunciado y las experiencias de las familias. No ofrecen un recuento completo de la ayuda entregada. En estos informes no se establece ningún calendario de indemnizaciones, reasentamiento permanente o recuperación de los negocios. Sin esa información, es difícil evaluar si la ayuda aborda tanto el desplazamiento como la destrucción de las fuentes de ingresos.

Mejoras urbanas y motivos en disputa

El momento de la campaña de 2024 aumentó la preocupación pública. Fundasaun Mahein dijo que funcionarios del gobierno habían reconocido que la urgencia estaba relacionada, en parte, con los preparativos para la visita del papa Francisco, prevista para finales de ese año. La organización sostuvo que los preparativos de la visita no debían justificar desalojos masivos.

También sospechó que el creciente interés extranjero en el mercado inmobiliario de Dili podía influir en la limpieza de zonas estratégicas. Mencionó posibles centros comerciales y edificios de apartamentos en el futuro, y cuestionó si esos proyectos beneficiarían a la mayoría de los timorenses.

El motivo de atraer inversiones sigue siendo una denuncia, no una explicación demostrada de cada desalojo. El informe no identifica ningún contrato de desarrollo, acuerdo con inversionistas ni transferencia documentada de un terreno desalojado. Por tanto, sería inexacto describir toda la campaña como un programa demostrado de desalojo para favorecer a promotores extranjeros.

Sin embargo, la tensión económica más amplia es concreta. El gobierno quiere mejorar el orden urbano y atraer inversiones, mientras que las demoliciones han eliminado viviendas y negocios construidos con los escasos recursos de las familias. Cualquier evaluación de los beneficios del desarrollo debe tener en cuenta esas pérdidas, en lugar de tratar los terrenos despejados como si no hubieran tenido antes un uso económico.

La inseguridad sobre la tierra y la presión para dejar atrás el petróleo

Los desalojos se han producido mientras Timor-Leste enfrenta una presión creciente para desarrollar fuentes de ingresos más allá del petróleo. Se preveía que aproximadamente el 73 % del presupuesto estatal de 2025 procediera del Fondo Petrolero. El anuncio, en junio de 2025, del cierre del yacimiento de gas Bayu-Undan reforzó las preocupaciones sobre la dependencia del fondo, aunque el yacimiento ya había dejado de generar ingresos sustanciales antes de ese año.

La inseguridad sobre la tierra forma parte de ese problema económico. La falta de claridad sobre la propiedad, las reclamaciones superpuestas y una gestión deficiente de la tierra, condicionadas por la historia de conflictos del país, obstaculizan las inversiones y el desarrollo de sectores productivos. También tensan las relaciones sociales cuando hay desacuerdos sobre quién tiene derecho a ocupar o utilizar un terreno.

La aplicación de las normas de manera que deje a las familias sin vivienda segura ni medios para ganarse la vida puede profundizar esa inseguridad. La cuestión no es simplemente si llegan inversiones, sino si las normas son previsibles y si los residentes y negocios existentes reciben un trato justo.

Timor-Leste se incorporó a la ASEAN en 2025, lo que abrió oportunidades en los mercados regionales y para la inversión. Esas oportunidades no resuelven las disputas por la tierra ni reemplazan los ingresos familiares perdidos. La encuesta sobre el empleo y los informes sobre los desalojos muestran, en conjunto, por qué la diversificación económica también debe evaluarse en función del acceso de las mujeres al trabajo y la supervivencia de los pequeños negocios.

Las preguntas pendientes son prácticas: cuántas familias desplazadas han recibido ayuda, qué reclamaciones de ocupación se han examinado y qué medidas existen para quienes perdieron tanto su vivienda como sus ingresos. En estos informes no se identifica ninguna audiencia prevista, fecha límite para las indemnizaciones ni fecha de entrega de la ayuda.

Puntos clave

• Según los informes, unas 1.500 familias fueron desalojadas por la fuerza en Dili y otros municipios durante 2024 y 2025.
• La campaña se intensificó a comienzos de 2024 bajo la dirección de un equipo conjunto encabezado por SEATOU, dependiente del Ministerio de Administración Estatal.
• Las mujeres perdieron negocios informales que contribuían a cubrir las necesidades familiares y la educación de sus hijos.
• La encuesta laboral de 2021 concluyó que el empleo informal representaba el 80,4 % de las mujeres ocupadas, frente al 75,3 % de los hombres ocupados.
• Fundasaun Mahein informó de disputas sobre el derecho de ocupación y de testimonios según los cuales la ayuda gubernamental prometida no llegaba a la mayoría de las personas desalojadas.
• No se ha establecido la magnitud total de la pérdida de ingresos, la ayuda entregada ni las interrupciones en la educación.