Una red de protección bajo presión
El seguro de desempleo de Corea del Sur está cumpliendo exactamente la función de una red de protección, pero el costo crece rápidamente. Los pagos mensuales alcanzaron unos 1,1 billones de wones en septiembre, un 10,9 % más que un año antes, según el Ministerio de Empleo y Trabajo. Fue el octavo mes consecutivo por encima de 1 billón de wones, el período más prolongado registrado. El único período anterior que se acercó a esa cifra fue durante la COVID-19, en 2021. Un mercado laboral más débil, el envejecimiento demográfico y la división entre empleos seguros y menos seguros se han combinado para impulsar la demanda de prestaciones.
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El sistema, creado en 1995, proporciona hasta el 60 % del salario promedio de un trabajador durante sus últimos tres meses de empleo. Ofrece ingresos temporales y apoyo para encontrar trabajo. Para muchas personas, ha sido fundamental. Un hombre de 33 años identificado como Choi renunció después de meses sin recibir su salario y recurrió al programa mientras buscaba empleo. En una entrevista, explicó lo que significó para él.
Choi dijo que la ayuda, de unos 2 millones de wones al mes durante seis meses, le permitió reincorporarse al mercado laboral en condiciones más estables. Describió el margen de maniobra que le dio durante un período difícil.
Las prestaciones me permitieron tomarme el tiempo necesario y preparar con cuidado mi próximo paso.
Economistas del Instituto de Desarrollo de Corea han advertido que la reducción de los empleos de calidad y la polarización del mercado laboral están afectando al empleo. El gobierno ha ampliado el gasto para apoyar la contratación y proteger a los trabajadores. Se ha intensificado el debate sobre cómo equilibrar la protección con los incentivos para volver al trabajo y la salud fiscal del fondo.
Cómo funciona el seguro de desempleo de Corea
En Corea, por lo general, para tener derecho a las prestaciones se requiere haber participado recientemente en el seguro de empleo, demostrar que la relación laboral terminó en circunstancias que cumplen los requisitos y buscar trabajo activamente. A partir de este año, puede reunir los requisitos quien haya tenido al menos 180 días de cobertura del seguro durante los 18 meses anteriores, y no existe un límite de por vida para solicitar las prestaciones repetidamente. Este es un punto clave del debate actual. Los datos oficiales muestran que el número de beneficiarios recurrentes, definidos como quienes recibieron prestaciones tres o más veces en cinco años, pasó de 100.491 en 2021 a 112.823 en 2024.
El diseño de las prestaciones también ha sido objeto de críticas. Un centro de estudios, el Instituto Pi Touch, señaló una inversión de ingresos en el tramo inferior de la escala salarial. La prestación mensual mínima por desempleo es de 1,89 millones de wones, mientras que el salario neto de una persona que trabaja a tiempo completo por el salario mínimo durante 209 horas es de unos 1,84 millones de wones. El instituto sostuvo que pagar a quienes buscan empleo más que a algunos trabajadores a tiempo completo entraña el riesgo de generar incentivos perversos y debilita los incentivos para trabajar.
En un comunicado, el Instituto Pi Touch calificó esa diferencia de ingresos de inusual entre las economías desarrolladas.
Esta inversión de ingresos, en la que las personas desempleadas reciben más que quienes trabajan a tiempo completo por el salario mínimo, es inusual y alarmante. Corea es el único país de la OCDE donde existe este tipo de distorsión.
Las organizaciones empresariales han expresado inquietudes similares sobre la flexibilidad de los requisitos y las prácticas de aprobación de las prestaciones. La Federación de Empresas de Corea señaló que la tasa de aprobación se sitúa cerca del 99,7 %. Sostuvo que, tal como está diseñado, el sistema facilita demasiado el acceso a las prestaciones y ofrece pocos incentivos para volver pronto al trabajo. La organización ha propuesto reducir la prestación mínima, recortar los pagos a beneficiarios recurrentes y endurecer los requisitos ampliando el período de referencia del seguro de empleo y alargando el período de cotización exigido.
A su juicio, la facilidad para acceder a las prestaciones y el mínimo establecido han creado un sistema generoso y previsible para quienes las solicitan, pero difícil de sostener a medida que la economía se desacelera y la población envejece.
Con una tasa de aprobación de las prestaciones por desempleo que llega al 99,7 %, el sistema está estructurado, en la práctica, de modo que casi cualquier persona que las solicita cumple los requisitos. Se necesitan reformas, como reducir el nivel mínimo excesivamente alto y recortar los pagos a beneficiarios recurrentes, para establecer un marco más racional que genere incentivos. También propuso ampliar el período de referencia de 18 a 24 meses y el período de cotización exigido de 180 días a 12 meses.
La tensión central es evidente. Una red de protección debe sostener a las personas cuando pierden su empleo, también durante las recesiones generalizadas. Sin embargo, si el mínimo se fija demasiado alto y los requisitos de acceso son demasiado flexibles, los costos aumentan y puede debilitarse el incentivo para aceptar empleos peor remunerados, sobre todo en los casos límite.
Los casos de fraude ponen a prueba el sistema
El mayor escrutinio de los incentivos perversos coincide con un aumento de los casos de fraude confirmados. Las autoridades informaron de 17.246 casos de solicitudes fraudulentas hasta agosto de este año, por un total de unos 23.000 millones de wones. Recuperar el dinero sigue siendo un desafío: hasta ahora se ha recobrado cerca de dos tercios. El valor de las solicitudes fraudulentas ha aumentado en los últimos años: pasó de 28.200 millones de wones en 2021 a 32.200 millones en 2024. Al mismo tiempo, las autoridades afirman que han disminuido las declaraciones voluntarias de los beneficiarios para informar de irregularidades.
Algunos casos han provocado indignación pública. En Daejeon, se descubrió que un grupo de beneficiarios vacacionaba en el extranjero mientras presentaba los informes obligatorios de búsqueda de empleo como si estuviera en Corea. En las redes sociales y las plataformas de video también han aparecido guías que explican cómo renunciar y aun así cumplir los requisitos. Esos canales suelen señalar que la aprobación es fácil y que se verifica poco la búsqueda de empleo declarada. Legisladores y responsables presupuestarios han pedido una supervisión más estricta, una recuperación más rápida de los pagos indebidos y reformas que frenen el aumento de las solicitudes recurrentes.
Conciliar la necesidad de prestar ayuda rápidamente con la aplicación de salvaguardias sólidas no es sencillo. Pagar las prestaciones con rapidez, sobre todo en períodos difíciles, reduce el daño a los hogares. También puede abrir brechas que faciliten las solicitudes falsas y la manipulación de las reglas. Esta tensión existe en muchos países. La cuestión para Corea es qué combinación de requisitos, herramientas de verificación y sanciones puede reducir los abusos sin excluir a quienes realmente necesitan ayuda.
Qué hacen otros países para frenar los abusos
La experiencia internacional apunta a una combinación de estrictas pruebas de elegibilidad, verificación rigurosa de identidad, supervisión en varios niveles y sanciones firmes por fraude. En Estados Unidos, las agencias estatales de empleo exigen certificaciones semanales, pruebas de búsqueda de trabajo y documentación de los ingresos. Por lo general, el fraude confirmado implica la devolución de las prestaciones y sanciones, y en los casos graves, cargos penales. El Departamento de Empleo del estado de Washington describe un proceso formal para denunciar el fraude de suplantación de identidad, las etapas de investigación a cargo de una oficina especializada y la posibilidad de iniciar acciones penales. El Departamento de Trabajo de Connecticut detalla la recuperación de pagos en exceso, las multas y la descalificación de quienes falsean información u ocultan ingresos. La presentación de informes por parte de los empleadores y las auditorías forman parte de los controles.
Las autoridades también han llevado adelante casos relacionados con empleados públicos. En el condado de Los Ángeles, los fiscales acusaron a 13 empleados del condado de hurto mayor, un delito grave, por cobrar fraudulentamente el seguro de desempleo durante la pandemia mientras seguían percibiendo sus salarios. Si son declarados culpables, cada uno podría ser condenado a prisión. Las investigaciones han identificado pérdidas de millones de dólares entre empleadores públicos vinculadas al fraude con las prestaciones por desempleo durante ese período. Estas medidas confirman que las consecuencias pueden ser graves y públicas.
La supervisión financiera añade otra capa de control. La Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos publica términos clave de alerta para ayudar a los bancos a detectar actividades sospechosas, incluidos términos relacionados con el fraude en el seguro de desempleo. Cuando las instituciones financieras presentan informes con esos términos, los investigadores pueden rastrear redes que transfieren prestaciones robadas, a menudo a través de las fronteras. Esta cooperación agiliza la recuperación del dinero y disuade a las redes delictivas.
Incluso con herramientas sólidas, recuperar el dinero es difícil. Durante la pandemia, la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos estimó que las pérdidas por fraude con las prestaciones por desempleo superaron los 100.000 millones de dólares. Auditores e inspectores generales han pedido revisiones más frecuentes, controles de identidad más rigurosos y una mayor coordinación entre los estados y el gobierno federal. Otra lección de la pandemia es que los plazos de prescripción cortos pueden limitar los procesos penales, por lo que algunos legisladores presionaron para ampliarlos. Estas experiencias muestran cómo el dinero puede fluir fácilmente cuando los sistemas priorizan la rapidez por encima de la verificación y lo difícil que resulta recuperarlo después.
¿Las prestaciones desincentivan el trabajo o facilitan las transiciones?
El debate en Corea suele plantearse como una disyuntiva entre proteger a los trabajadores y evitar la dependencia. La realidad es más matizada. Para muchas personas desempleadas, las prestaciones amortiguan un impacto temporal, permiten mantener el consumo y ayudan a buscar un empleo más adecuado. Según datos parlamentarios, en los últimos años ha aumentado la tasa de empleo después de que las personas terminan de recibir las prestaciones para quienes buscan trabajo: pasó del 26,9 % en 2021 al 33,4 % este año. Es una tendencia positiva, aunque coincide con un aumento de los beneficiarios recurrentes y del fraude detectado.
Los economistas laborales señalan que los incentivos son más importantes en los casos límite. Una prestación mínima generosa puede reducir la presión para aceptar de inmediato empleos mal pagados o inestables, lo que puede ser positivo si permite encontrar puestos en los que se aprovechen mejor las capacidades de los trabajadores. También puede prolongar el desempleo para algunas personas, sobre todo cuando la diferencia entre las prestaciones y los salarios de los empleos disponibles es pequeña. Este efecto puede ser más marcado entre los trabajadores jóvenes o con menos experiencia, que afrontan una gran discrepancia entre sus habilidades y los empleos disponibles.
El mercado laboral coreano atraviesa una transformación más amplia. Los cambios demográficos, el avance de los servicios de alta cualificación y la rápida expansión de la inteligencia artificial están modificando la demanda. Un gran número de jóvenes no tiene empleo o estudia para presentarse a exámenes mientras espera encontrar una opción más adecuada. Editorialistas y especialistas en políticas públicas han defendido ampliar la formación para adquirir competencias en datos y automatización, así como estrechar la coordinación entre las universidades regionales y los empleadores. La idea es convertir los períodos de búsqueda de empleo en oportunidades estructuradas de formación, para que las prestaciones no solo sostengan el consumo, sino que también respalden un camino concreto de regreso al trabajo.
Una forma de conciliar estos objetivos es diseñar reglas que premien la preparación activa y verificable para el trabajo. Por ejemplo, los registros de búsqueda de empleo pueden complementarse con la participación en cursos acreditados, pasantías breves o proyectos vinculados a empleadores. Es posible reforzar la verificación sin hacer que el proceso sea punitivo. La clave es intensificar los controles donde el riesgo de fraude sea mayor y, al mismo tiempo, mantener un acceso rápido para quienes dejaron el empleo por motivos que claramente cumplen los requisitos.
Opciones de política en debate
Los responsables de formular políticas y las organizaciones empresariales han planteado cambios para acercar el sistema coreano a las prácticas de otras economías avanzadas, sin dejar de garantizar un acceso rápido en los casos legítimos. Las opciones incluyen reformas de los requisitos, controles más rigurosos y mejores incentivos para volver al trabajo. Un paquete equilibrado podría combinar varias de las siguientes propuestas.
- Ajustar la prestación mínima para que no supere el salario neto habitual de una persona que trabaja a tiempo completo por el salario mínimo, con revisiones periódicas para mantener un equilibrio estable.
- Establecer una escala gradual para los beneficiarios recurrentes, reduciendo la tasa de sustitución del salario o la duración de las prestaciones para quienes las soliciten varias veces dentro de un período determinado, y protegiendo al mismo tiempo a quienes hayan sido despedidos de forma comprobada en sectores débiles.
- Ampliar de 18 a 24 meses el período de referencia para contabilizar los días de cobertura y alargar de 180 días a 12 meses el período de cotización exigido, como proponen algunas organizaciones empresariales, con excepciones por cuidados familiares, salud y otras interrupciones justificadas.
- Reforzar la verificación de identidad al presentar la solicitud y durante las certificaciones semanales o quincenales, con cotejos de datos tributarios y de nómina, verificación de geolocalización de las actividades de búsqueda de empleo declaradas y auditorías aleatorias de solicitudes atípicas.
- Aumentar las sanciones por fraude confirmado, con multas civiles, suspensión temporal de las prestaciones y recuperación de los fondos mediante compensaciones tributarias, garantizando el debido proceso y el derecho a apelar.
- Invertir en análisis de datos para detectar patrones sospechosos, como varias solicitudes vinculadas a una misma cuenta bancaria o dispositivo, solicitudes recurrentes en distintas regiones o aumentos repentinos relacionados con un mismo empleador.
- Exigir a los empleadores que informen con prontitud sobre el fin de las relaciones laborales y los datos salariales a través de un canal digital simplificado, para reducir el plazo en que pueden presentarse solicitudes de suplantación de identidad y declaraciones falsas sobre la finalización del empleo.
- Ofrecer bonificaciones por la reincorporación al empleo a quienes vuelvan a trabajar pronto y permanezcan varios meses en sus puestos, una medida que ha permitido reducir los períodos de desempleo en otros mercados.
- Ampliar el acceso a formación de alta calidad vinculada directamente a procesos de contratación, condicionando las prestaciones a la participación y finalización verificadas de los cursos.
- Proteger a quienes denuncien irregularidades y fomentar la corrección voluntaria de errores mediante sanciones reducidas para quienes los informen a tiempo.
Muchas de estas medidas ya son conocidas por las agencias de otros países que han afrontado grandes aumentos del fraude. Por ejemplo, durante la COVID-19 las agencias estatales de Estados Unidos reforzaron los controles de identidad, colaboraron con los bancos para recibir informes sobre actividades sospechosas y llevaron ante la justicia a empleados públicos que robaron prestaciones. Las instituciones coreanas pueden adaptar esas herramientas al contexto local y crear alianzas entre el Ministerio de Trabajo, las autoridades tributarias, los bancos y los fiscales para cerrar las brechas.
En síntesis
- Los pagos por desempleo aumentaron hasta unos 1,1 billones de wones en septiembre, el octavo mes consecutivo por encima de 1 billón, en un contexto de debilidad del mercado laboral y envejecimiento demográfico.
- El sistema paga hasta el 60 % de los salarios recientes y permite solicitar las prestaciones repetidamente si se cuenta con suficiente cobertura reciente del seguro; según los informes, la tasa de aprobación se acerca al 99,7 %.
- La prestación mínima de 1,89 millones de wones supera ahora el salario neto de una persona que trabaja a tiempo completo por el salario mínimo, lo que, según un centro de estudios, entraña el riesgo de generar incentivos perversos y distorsionar los ingresos.
- Hasta agosto se confirmaron más de 17.000 casos de fraude, por unos 23.000 millones de wones; se recuperó cerca de dos tercios de los fondos y disminuyeron las declaraciones voluntarias.
- Las prácticas internacionales apuntan a requisitos más estrictos, mejores controles de identidad, auditorías específicas y sanciones firmes, junto con una estrecha cooperación con los organismos de supervisión financiera.
- Entre las propuestas de reforma en Corea figuran reducir la prestación mínima, recortar las prestaciones para beneficiarios recurrentes, ampliar los períodos de cotización y mejorar la verificación.
- La formación vinculada a las prestaciones y las bonificaciones por reincorporación al empleo podrían acortar los períodos de desempleo y mejorar la adecuación entre trabajadores y puestos, especialmente para los jóvenes y los trabajadores en la mitad de su carrera profesional.
- Los responsables de formular políticas deben encontrar un equilibrio entre proteger a los hogares durante las transiciones y salvaguardar la integridad y sostenibilidad del fondo.






